Ex gobernadora del Huila responde ante la Corte por contrato de licores

La ex gobernadora del Huila, se estrenó en la Sala Especial de Primera Instancia, creada el año pasado para aforados constitucionales, por tres convenios para la producción y distribución de aguardiente Doble Anís. La ex mandataria no aceptó los cargos y exigió su absolución.

La ex gobernadora Cielo González tendrá una doble instancia, una garantía como aforada constitucional.

La ex gobernadora Cielo González Villa comenzó a responder ante la Corte Suprema de Justicia, en un proceso por la adjudicación sucesiva de los contratos de concesión de licores durante su corto mandato.

La ex mandataria estrenará la doble instancia que comenzó a operar a finales del año pasado donde se tramitarán los procesos penales contra los altos funcionarios del Estado (aforados constitucionales).

La ex gobernadora no concurrió a la audiencia de acusación en la recién instalada Sala Especial de Primera Instancia presidida por el magistrado Jorge Emilio Caldas. En su reemplazo asistió su apoderado Jaime Lombana, quien ha sostenido que la contratación adelantada tenía pleno sustento legal y, en consecuencia, insistió en la absolución.

Esa sala comenzó a operar en noviembre de 218 con 133 procesos, entre ellos el de la ex mandataria, lo que representará una garantía procesal. El proceso llegó a la Corte el 31 de agosto de 2018.

La fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Victoria Parra, la acusó formalmente por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de producción, comercialización y distribución de aguardiente Doble Anís con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y peculado en favor de terceros.

Según el escrito de acusación la contratación generó un detrimento patrimonial cercano a los 210 millones de pesos.

La contratación directa se realizó cuatro años antes al vencerse en diciembre de 2007 el contrato de concesión con la firma Licorsa.

El ex gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez utilizó la misma figura durante sus cuatro años de mandato. En este periodo no logró contratar la nueva concesión y frenó los esfuerzos que su antecesor Rodrigo Villalba venía realizando para adjudicar un nuevo contrato.

Ante este hecho, mientras se resolvía la concesión, la ex mandataria la adjudicó directamente a través de tres contratos, el 0069 del 14 de febrero, el 0302 del 14 de mayo y el 0537 del 24 agosto de 2012.

Por el mismo hecho son investigados separadamente el jefe de contratación de época y el Secretario de Hacienda. La imputación  fue realizada en agosto de 2015.

La obra cara

La ex mandataria no aceptó los cargos y reclamó la absolución. Además,  cuestionó la decisión y advirtió que se trata de una “clara persecución” que aparece en cada jornada electoral. Es más indicó que el procedimiento es legal y que su antecesor firmó 15 convenios similares sin que tuviera reproches, como los endilgados.

“Cuando llegué a la Gobernación en el año 2012 no se había tomado una decisión de fondo sobre la distribución del Doble Anís a largo plazo, ya que la licitación había caducado en el 2007. De hecho, el gobernador Luis Jorge Sánchez desde el año 2008 hasta el 2012 firmó 15 convenios interadministrativos en iguales condiciones con la Fábrica de Licores de Antioquia de las que yo firmé en el año 2012, precisó González Villa.

Ante esta situación firmamos los tres convenios en el año 2012 con una entidad pública mientras se adelantaban los estudios.

“Tengo la certeza y seguridad como en todo que vamos a salir en el juicio airosos, como lo he hecho a lo largo de estos años”, respondió la ex mandataria al responder la acusación de la Fiscalía.

La contratación

El proceso se inició en 2011 con la apertura de la licitación pública en etapa de prepliegos para celebrar el contrato y en 2012 cuando González Villa asumió su cargo, suspendió  con el trámite y bajo la modalidad de selección de contratación directa, celebró tres contratos para tal fin con la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, representada legalmente por Fernando Restrepo.

Por este hecho, según la Fiscalía,  se habría presentado un presumible peculado en favor de terceros de 211 millones de pesos, que la Fábrica de Licores de Antioquia dejó de invertir en publicidad.

Asimismo, según la imputación, se registraron supuestas “falsedades que tenían como fin dar apariencia de legalidad al interés indebido que se presentó en la celebración de los contratos interadministrativos con la citada fábrica, en el año 2012”.

Serios reparos

Los contratos generaron en su momento cálidos debates. El diputado liberal Orlando Ibagón demandó la intervención de  la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

Los organismos de control advirtieron que durante las vigencias 2008-2011 y 2012 los gobernadores obviaron el cumplimiento de los principios de economía, transparencia, publicidad y del deber de selección objetiva, al no contratar mediante licitación pública la producción, comercialización, distribución y venta de Doble Anís pese a los intentos que realizaron para adelantar la licitación pública.

Por éste caso, Sánchez García fue sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad por doce años el 9 de diciembre de 2011. Sin embargo, en segunda instancia, la medida fue reversada el 16 de agosto de 2012 con una suspensión de diez meses convertible en multa.

Además, la Procuraduría, estimó que las justificaciones contenidas para adjudicar directamente no eran consecuentes con la realidad fáctica. Es un sofisma pensar que se garantizó la observancia de los principios de transparencia y selección objetiva.


Los convenios con la Fabrica de Licores de Antioquia.

Improvisación

La contralora de la época,  Indira Burbano, estimó que los contratos de producción, introducción y venta de licores, por tratarse de un monopolio rentístico de los departamentos, debía adjudicarse por concesión, previa autorización de la Asamblea. Sin embargo, pese a un control de advertencia formulado en medio de un agitado debate, González Villa, bajo la modalidad de un convenio interadministrativo terminó contratando directamente con la Fábrica de Licores de Antioquia.

“La celebración sucesiva de contratos de licores, sin ninguna planeación, no solo está proscrita en el régimen de contratación estatal sino que constituye una total improvisación, como ha venido ocurriendo desde diciembre de 2007 cuando terminó el contrato suscrito con la firma Licorsa”, afirmó.

En su opinión, el contrato interadministrativo no es fruto de una potestad discrecional y exige el cumplimiento de todos los requisitos concernientes a los estudios y documentos previos reglamentados en el régimen de contratación estatal.

Ventas en picada

La contratación directa de la producción, comercialización y distribución de Doble Anís, como ocurrió en los primeros seis años después de terminada la concesión no fue rentable para el Huila ni contribuyó al incremento de las ventas.

Por el contrario, las transferencias resultaron sucesivamente inferiores a las percibidas durante la vigencia del contrato de concesión, según una evaluación de la Contraloría del Huila.

Durante los diez años de la concesión (enero de 1998 a diciembre de 2007) se exigía una cuota mínima de venta de aguardiente Doble Anís, con lo cual el departamento aseguraba un ingreso basado en la cuota obligatoria que declaraba el concesionario. Este comportamiento se reflejó en los ingresos por concepto del monopolio de licores que se mantuvieron durante el periodo de la concesión.

Un estudio realizado en junio de 2007 por la empresa Zarama y Consultores Asociados concluyó que la cuota real de venta disminuyó durante la concesión por falta de una estrategia de promoción y publicidad.

Otro estudio de la firma Cico Ltda estableció un mercado potencial anual de aguardiente Doble Anís, aproximado de 1,3 a 1,5 millones de unidades de 750 centímetros cúbicos que se habría podido superar con una estrategia publicitaria. Según el análisis, de un mercado potencial de dos millones de unidades al inicio de la concesión, cuantía aceptada por el concesionario, entre el 2000 y 2001 se registró un incremento en las ventas declaradas entre el 10, 4 y 18,6% respecto al 1999.

En el primer año de Gobierno (2008) los ingresos totales se redujeron en 10.264 millones de pesos, lo que representó una disminución del 65%. (Pasaron de 15.845 millones de pesos registrados en el 2007 a 5.5561 millones registrados en el 2008.

Al terminar la concesión quedaron fluctuando en el mercado unas existencias de licor producido y vendido de 840.000 unidades.

A partir del 2009 mejoraron sin superar las cuantías de la concesión. La renta por licores registró ventas por $14.205 millones en el 2011, que no iguala a ninguno de los años de duración de la concesión.

En ese año recibió ingresos por $10.453 millones; en el 2010, 13.904 millones y en el 2011 $14.205 millones.

Aun así, la mandataria seccional contrató bajo la misma modalidad (convenios interadministrativos) la producción de dos millones de unidades para el resto del año, que originaron la investigación.

La contratación sucesiva mediante convenio se venía realizando desde el 2008. Solo los suyos fueron materia de reproche.

Los contratos polémicos

Durante su corto mandato, interrumpido por una inhabilidad sobreviniente, la ex mandataria suscribió tres convenios con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Contrato Interadministrativo de Concesión 069 de 2012,  suscrito el 14 de febrero de 2012 con Fernando Restrepo, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA),  amparado en la Ordenanza  079 del 2005, para la compra 700 mil unidades de Aguardiente Doble Anís. Vigencia un mes.

El segundo contrato Interadministrativo de Concesión con  número 0302 de 2012, firmado el 10 de mayo con Fernando Restrepo, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) amparado en las Ordenanzas  06 de 1994 y 079 del 2005 por la compra de 1,5 millones unidades de Doble Anís.

El tercer convenio Interadministrativo de Concesión  de  537 de 2012 también suscrito con la FLA, amparado  en las Ordenanzas 06 del 1994, 079 del 2005, 014 de 1997 para la compra de 2 millones botellas del Doble Anís

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